A la larga lista de dificultades que ha enfrentado este proceso de restitución se le suma ahora un nuevo obstáculo: la existencia de un título minero que fue otorgado sin consulta previa. La relación entre los reclamantes de La Larga-Tumaradó y la Unidad de Restitución de Tierras se resquebrajó y no hay confianza en la entidad estatal.
Han sido constantes las dificultades a lo largo del trámite administrativo en el caso de restitución colectiva del Consejo Comunitario La Larga-Tumaradó. Han pasado tres años desde su inicio y aun la demanda de restitución no llega ante los jueces. Foto: Juan Diego Restrepo E.“La Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha venido actuando más como contraparte que como nuestro abogado defensor”, consignaron en comunicado público los representantes del consejo comunitario La Larga-Tumaradó (Cocolatu), en el que cuestionan las recientes actuaciones de esta entidad estatal, que sigue sin presentar la demanda de restitución colectiva de este territorio ante los jueces de tierras, pese a la existencia de una orden judicial que obligaba a la entidad a hacerlo a más tardar el pasado 15 de junio.
De acuerdo con los representantes de Cocolatu, las actuaciones de la URT, en lo que respecta a este caso, “han sido dilatorias y poco garantistas”, lo que ha despertado desconcierto e incertidumbre entre los pobladores frente a la restitución de un territorio que, alegan, les fue violentamente despojado por agroempresarios y terratenientes con ayuda de grupos paramilitares finalizando la década de los noventa.
Aunque los trámites legales para solicitar la restitución del territorio iniciaron en 2014, hasta el momento no se advierte avance alguno. Por el contrario, el proceso parece estancarse por cuenta de un nuevo obstáculo: la existencia de un título minero en predios del consejo comunitario, hecho que se suma a una larga lista de dificultades que van desde amenazas de muerte proferidas contra líderes de los reclamantes, pasando por contradicciones en órdenes judiciales emanadas desde Antioquia y Chocó, hasta órdenes de investigar penal y disciplinariamente a funcionarios de laURT. (Leer más en: Proceso de restitución enreda a funcionario en el Urabá antioqueño)
En efecto, el 8 de mayo de 2013 fue inscrito en el Catastro y Registro Minero Nacional el contrato de concesión GLL-15R, mediante el cual la multinacional Anglogold Ashanti busca explotar minerales de cobre, plata, platino, molibdeno, oro y mineral de zinc en un área de 785 hectáreas ubicadas en la zona conocida como El Cerrito, que está dentro de la Larga-Tumaradó. (Descargar título minero)
Dicho título minero, según los miembros del consejo comunitario, se otorgó en tierras que actualmente están siendo reclamadas ante la justicia transicional, que hoy son ocupadas por terratenientes y agroempresarios sobre quienes pesan investigaciones penales y, lo más grave para ellos, sin la realización de una consulta previa, tal como lo ordena la ley cuando se van a desarrollar proyectos minero-energéticos en territorios colectivos habitados por minorías étnicas.
De ahí que las comunidades negras que habitan el consejo comunitario les hayan solicitado a los funcionarios de la URT, en reunión llevada a cabo los días 21 y 22 de julio en el sitio conocido como La Punta, de Riosucio, Chocó, donde se socializó el informe final de caracterización de afectaciones (es decir, la fotografía del despojo entre 1991 y 2014), incluir en la demanda de restitución colectiva que será presentada ante los jueces de tierra una solicitud de nulidad de dicho título minero.
La petición de las comunidades negras fue aceptada inicialmente por los funcionarios de la URT. Sin embargo, pocos días después, el 11 de agosto, los representantes de Cocolatu recibieron una comunicación por parte de la Dirección de Asuntos Étnicos de la entidad donde se señalaba que no se incluiría la petición de nulidad sino, más bien, una suspensión momentánea del título.
Ello quiere decir que, así el juez de tierras falle en favor del consejo comunitario reconociéndolos como víctimas de despojo de tierras y les restituya sus derechos sobre el territorio colectivo, la multinacional minera podrá continuar con sus labores de exploración, situación que los voceros de Cocolatu rechazan abiertamente por tratarse de un título que se otorgó sin consulta previa.
“Para nosotros, solicitar la nulidad –más que la simple suspensión- de un título que fue concedido sin transparencia, sin consulta previa y pasando por encima de nuestra autonomía y gobierno propio, en un territorio violentamente despojado, es la posición más garantista”, señalaron voceros de Cocolatu en su comunicado público, agregando además que “la URT ha venido actuando más como contraparte que como abogado defensor. En especial cuando existen contradicciones entre las políticas públicas de justicia transicional que pretenden restituir integralmente los territorios de las víctimas, y el modelo de desarrollo impuesto por el Estado”.
En declaraciones a VerdadAbierta.com, voceros del Cinep afirmaron que “la decisión de la URT, de no solicitar la nulidad, se basa en argumentos jurídicos muy pobres y sin ningún fundamento. Se trata de una decisión más política”. En este centro de estudios, que acompaña al consejo comunitario en su proceso de restitución, consideran que “la interpretación de las leyes que está haciendo la Dirección de Asuntos Étnicos de la URT es casi que en contra del consejo comunitario, parecen defendiendo a la empresa minera y no a las víctimas de despojo”.
VerdadAbierta.com solicitó la versión de la Dirección de Asuntos Étnicos de la URT, pero al cierre de este informe no recibió respuesta alguna. Lo cierto del caso es que la relación entre la entidad estatal y el consejo comunitario atraviesa por su peor momento. Al punto que el presidente del consejo, Pablo Antonio López, le solicitó mediante carta enviada el pasado 8 de agosto a la Defensora del Pueblo Delegada para Población Desplazada acompañar las reuniones futuras entre ambas instancias “para garantizar la protección de los derechos de Cocolatu”.
El lío de la Larga
Para los miembros del Consejo Comunitario La Larga-Tumaradó, el otorgamiento de un título minero al interior de su territorio, sin la realización de la consulta previa, constituye una violación a su derecho a la autonomía y gobierno propio. Foto: Juan Diego Restrepo E.El consejo comunitario La Larga Tumaradó es un territorio conformado por 46 comunidades negras que cuenta con una extensión de 107 mil hectáreas, que inician en el municipio chocoano de Riosucio y se interna en los corregimientos Macondo, Blanquiceth y Nuevo Oriente de Turbo, Urabá antioqueño.
En esta región se vivió un fuerte drama humanitario cuando ingresaron, finalizando la década del noventa, unidades paramilitares bajo el mando de Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, y Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’. Su intención era cortar corredores de movilidad a la guerrilla de las Farc. Los fuertes combates, sumado a los atropellos cometidos por los ‘paras’ contra la población civil, generaron un masivo éxodo forzado.
De acuerdo con voceros de Cocolatu, al momento de la adjudicación del título colectivo, en el año 2000, el 76 por ciento de las comunidades negras que habitaban el territorio se encontraban desplazadas forzosamente. “De las 46 comunidades que componen el título colectivo, ocho quedaron en condición de vaciamiento y tres desaparecieron completamente”, agregaron.
Luego llegaron los empresarios, terratenientes y ganaderos a comprar grandes extensiones de tierra de la Larga-Tumaradó, presuntamente recurriendo a prácticas fraudulentas. Hoy, la ganadería extensiva, principalmente de búfalos, así como cientos de hectáreas dedicadas a la palma africana hacen parte del paisaje del Consejo Comunitario. (Leer más en: Con búfalos ocupan tierras reclamadas por labriegos de la Larga-Tumaradó y “Palmicultores se asociaron para delinquir”: Juez)
Nombres como Elí Gómez, Jaime Uribe, Fabio Moreno, Vicente Cantero, Adriano Palacios, alias ‘El Negro Pino’, capturado en marzo de 2014 acusado de concierto para delinquir y desplazamiento forzado, y Francisco Castaño Hurtado, el opositor más visible a la medida cautelar, figuran como los principales poseedores de tierra allí y lo más férreos contradictores del proceso de restitución. (Leer más en: Con búfalos ocupan tierras reclamadas por labriegos de la Larga-Tumaradó)
Una de las complejidades que enfrenta el proceso de la Larga-Tumaradó es que allí los afros no son los únicos que reclaman tierras. Un documento elaborado en 2015 por el Cinep para la URT consignó, entre otros hallazgos, la existencia dentro del consejo comunitario de por lo menos 413 predios individuales, que suman 34 mil hectáreas, registrados y traslapados con el territorio colectivo. A esto se suma la existencia de adjudicaciones individuales en un periodo comprendido entre el 1 de enero de 1991 y el 20 de septiembre de 2000, fecha en que el desaparecido Incora inició el trámite de titulación colectiva del territorio a las comunidades negras.
En la Territorial Urabá de la URT reposan actualmente unas 184 solicitudes de restitución individual de familias campesinas, principalmente aquellas ubicadas en los corregimientos Macondo, Blanquiceth y Nuevo Oriente de Turbo (que hacen parte de Larga-Tumaradó). Como si fuera poco, el territorio colectivo es escenario de una delicada situación social generada por el regreso de cientos de familias a lo que consideran propio: desde 2012, unas 600 familias han regresado por su propia cuenta y riesgo a los predios que reclaman ante la justicia transicional.
Lo anterior dio lugar a decenas de operativos de desalojo ordenados por los inspectores de Policía de Mutatá y Turbo, Urabá antioqueño, y Riosucio, Chocó. Muchos de estos procedimientos terminaron convertidos en batallas campales entre los reclamantes y los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Pero, el 12 de diciembre de 2014, el Juez Primero del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó sentó un precedente jurídico al proferir el Auto Interlocutorio 181, donde impuso medidas cautelares tendientes a proteger a 39 familias afro y mestizas que ocuparon predios ubicados en la comunidad La Madre, una de las 48 que integra el territorio colectivo de La Larga-Tumaradó. (Descargar Auto 181)
Según sus consideraciones, no se trataba de campesinos invasores sino de comunidades negras víctimas de la violencia y, por tanto, las autoridades municipales, administrativas, policiales y judiciales de Riosucio (Chocó), Turbo y Mutatá (Antioquia) debían abstenerse de ordenar y realizar diligencias de lanzamientos y desalojos en su contra, hasta tanto el proceso en la jurisdicción de tierras se resolviera. Pero, desde entonces, este complejo tema sigue sin resolverse.
La falta de avance en este proceso de restitución llevó al mismo Juez Primero ordenar compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría Regional Chocó y a la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura para que se investigue la actuación de Elkin Rocha, director de la URT Territorial Urabá, y se establezca si ha habido negligencia por parte de este funcionario en el trámite de esta demanda. La decisión quedó consignada en Auto Interlocutorio 053, fechado el pasado 16 de junio.
Como si fuera poco, la situación de orden público tanto del Bajo Atrato chocoano como del Urabá antioqueño no es para nada alentadora. Por allí se mueven, con bastante libertad, según fuentes de la región consultadas por VerdadAbierta.com, las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (Agc). Directivos de Cocolatu denunciaron en julio pasado intimidaciones y amenazas lanzadas por miembros de los ‘gaitanistas’ contra líderes de las comunidades de Cuchillo Negro, Cuchillo Blanco, La Eugenia, El Caimán y Buenos Aires.
Para los integrantes del Consejo Comunitario tan graves son las amenazas de las Agc como la actitud de la URT, entidad que ha perdido credibilidad y confianza entre los reclamantes de La Larga-Tumaradó: “Sentimos que la Unidad de Restitución de Tierras posee una débil legitimidad entre nosotros, no cumple cabalmente su rol. Y quizá lo más preocupante, se proyecta un escenario desolador frente a la interposición de una demanda que satisfaga las pretensiones de las víctimas y otorgue la mayor garantía para las mismas”.
